En medio de una crisis láctea que durante la gestión de Javier Milei tiene como símbolo la debacle de Sancor y el cierre de más de 1.000 tambos, ahora otra empresa fuerte del sector empieza a dar señales concretas de derrumbe.
Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), empresa controlada por el grupo venezolano Maralac y que produce los yogures y postres Sancor, anunció en las últimas horas la parálisis total en su producción, al menos durante los próximos 30 días.
La medida impacta directo en los casi 250 trabajadores que se reparten en sus dos plantas y que, desde hace más de un año, vienen denunciando incumplimientos salariales por parte de la empresa.
En la planta de Arenaza, en la provincia de Buenos Aires, los 170 operarios denunciaron «vaciamiento». «No hay insumos, los servicios eléctricos están cortados y la planta está completamente detenida», dijo Luciano Asad, delegado del gremio Atilra.
En su comunicación a los empleados, la empresa dijo enfrentar múltiples factores adversos derivados de «un contexto de creciente complejidad operativa y financiera».
Además, la compañía adujo que la medida se tomó por «los cortes prolongados de suministro eléctrico en las plantas, los embargos judiciales recientes en Córdoba provenientes de reclamos salariales individuales y la situación crítica de Vicentin».
En 2024 el gremio había amenazado con paralizar las operaciones cuando la empresa quiso avanzar con suspensiones para compensar la reducción en sus ventas. Desde entonces, Atilra denunció que la compañía incumple el convenio colectivo, pagando entre el 20 y 30% de lo que corresponde según paritaria.
En el gremio también denunciaron que la empresa retenía aportes en los recibos de sueldo que no derivaba a la obra social. «A pesar de eso, Atilra decidió sostener las prestaciones médicas, ya que hay muchos compañeros con enfermedades crónicas, oncológicas o neuronales. La deuda con la obra social supera los 2.500 millones», dijo Asad.
Esta situación se complementa con un panorama crítico de bajo consumo e insumos en aumento que ya arrasó con 1.068 tambos que cerraron en 2024.
Eso, en medio del derrumbe que registra una de las naves insignia del sector, Sancor, que atraviesa un proceso de concurso con pasivos multimillonarios y una actividad comercial e industrial que transita por sus niveles históricos más bajos, lo que ya produjo retiros voluntarios y despidos.
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El 29 de mayo vence el plazo para que los acreedores presenten la documentación de verificación de créditos dentro del concurso preventivo, factor clave para establer el peso de la deuda para la cooperativa láctea, que se estima en cerca de 400 millones de dólares.
Arrastraba incumplimientos salariales desde hace un año. Denuncian «un contexto de creciente complejidad operativa y financiera». La medida afecta a 250 trabajadores.
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